Hace algunos días se divulgó en los medios de comunicación que el Gobierno no quiere que los salvadoreños conozcan lo que gasta en anuncios, y para impedirlo ha clasificado ese gasto como información reservada durante siete años. Esta decisión debe cambiarse pues afecta un derecho fundamental y desincentiva la confianza en las instituciones públicas.
El acceso a la información es una herramienta para la participación ciudadana y el control social del quehacer estatal, una necesidad para el ejercicio de la libertad de expresión y un medio para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La negación de información es, por lo tanto, “una forma indirecta de la censura”, tal como lo dijo el Presidente de la República en un comunicado de prensa en 2009. El cuerpo normativo que obliga a los funcionarios a poner a disposición de los ciudadanos el quehacer del Estado es la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la cual establece como principio la máxima divulgación de la información. Así, es un deber legal y no una opción, proveer todos los datos que se soliciten, salvo las excepciones legalmente determinadas, entre las que está la información reservada. La reserva se justifica por intereses generales protegidos en la Constitución y relacionados con el funcionamiento correcto del Estado. Siendo así, no es extraño que la Asamblea Legislativa aprobara recientemente una moción destruyendo la Ley de Acceso a la Información Pública, esa que tenían que contrariar para ocultar gastos como los de publicidad. Cabe recalcar -o anunciar para los que no se enteraron- que dicha reforma fue vetada por el Presidente de la República ayer por la tarde, ejerciendo así su función en el proceso de formación de ley.
Sin embargo, la resolución en la que la Presidencia de la República deniega una solicitud de información sobre el gasto en anuncios dice que esta se ha reservado con base en el artículo 19 letra “h” de la LAIP, que impide que se divulgue lo que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de otra. En la justificación de la reserva se divaga acerca de la libre competencia que debe existir entre los oferentes en una licitación de publicidad, pero no se establece por qué la difusión de contrataciones pasadas afecta la competencia; se relaciona la posibilidad de acuerdo de precios para venderle más cara la publicidad al Gobierno, pero esa posibilidad existe a pesar de que no se divulgue la información y ya hay una sanción para eso; se concluye que la difusión de estas contrataciones crearía una desventaja indebida para otros competidores en un procedimiento de adquisición de servicios institucionales, pero también reserva la información luego que el procedimiento ha concluido; dice que la libre competencia es más valiosa en este caso que el acceso a la información, pero no sustenta esta ponderación.
La reserva solo procede por una razón legal y esta no existe cuando se trata de licitaciones de publicidad que ya han sido asignadas. Sería diferente si durante un proceso que no ha terminado se revelara información a un participante y no se le diera a otro, pues ahí sí se generaría una ventaja indebida; pero cuando se trata de información de licitaciones concluidas y a la cual todos pudieran tener acceso, es lógicamente imposible que exista una ventaja indebida.
Habrá casos en que la publicidad oficial es justificada y habrá casos en que no. Lo cierto es que ocultar la información para que se juzgue al respecto afecta el derecho fundamental del acceso a la información, limitando la participación ciudadana, desincentivando la cultura de respeto a las leyes y desmejorando así la imagen del Gobierno y el país.
¿Por qué los gastos en anuncios del Gobierno deben ser públicos?
Por: Óscar Pineda (@pineri22)
Licenciado en Ciencias Jurídicas y columnista de Xpressate.net
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